Funcionarios de Trump podrían enfrentar cargos por ignorar orden judicial de deportaciones

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Diana Rivero Aguilar

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Publicado: 17/4/2025 · 12:30 p.m. MX | Actualizado: 17/4/2025 · 12:30 p.m. MX

Altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump podrían enfrentar cargos por desacato criminal tras violar una orden judicial que prohibía la deportación de presuntos miembros de una pandilla venezolana, según un fallo emitido el miércoles por el juez federal James Boasberg. Esta medida marca uno de los mayores enfrentamientos entre el poder judicial y la actual administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Boasberg, juez del Tribunal de Distrito de Washington, halló “causa probable” para considerar que hubo un “desprecio deliberado” de su orden emitida el 15 de marzo, la cual prohibía las deportaciones de estos migrantes a El Salvador bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, invocada por Trump, tiene una historia polémica por su uso durante la Segunda Guerra Mundial para justificar internamientos y deportaciones de ciudadanos de ascendencia japonesa, alemana e italiana.

La administración desafía al poder judicial

El fallo judicial es una clara advertencia al gobierno de Trump, que ha mostrado una creciente disposición a desafiar las decisiones judiciales que considera contrarias a su agenda migratoria. La administración, a través del Departamento de Justicia, ya ha apelado la decisión de Boasberg ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., mientras que desde la Casa Blanca se insiste en que la orden es un exceso judicial.

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Por su parte, el juez advirtió que si la administración no toma medidas concretas para permitir que los migrantes impugnen sus deportaciones en tribunales, podría exigir declaraciones juradas, interrogatorios bajo juramento, o incluso designar a un fiscal especial para continuar con el proceso. La fecha límite para que el gobierno actúe es el 23 de abril.

El secretario de Estado, Marco Rubio, pareció burlarse de la decisión judicial al retuitear una publicación del presidente salvadoreño Nayib Bukele que decía: “Ups… demasiado tarde”, lo que Boasberg citó como un gesto de “alarde” que sugiere que los funcionarios desobedecieron la orden “deliberada y alegremente”.

Desde sectores académicos y legales, el fallo ha sido interpretado como una “fuerte reprimenda” a una administración que ha acumulado más de 150 impugnaciones legales en poco más de tres meses. Jonathan Hafetz, profesor de la Facultad de Derecho de Seton Hall, señaló que este caso evidencia una preocupante tendencia de desobediencia institucional por parte del poder ejecutivo.

Además, la jueza federal Paula Xinis en Maryland también intensificó una investigación relacionada con la deportación injusta de Kilmar Abrego García, aunque por el momento no declaró a la administración en desacato. No obstante, el Departamento de Justicia apeló también esa decisión, lo que aumenta la tensión entre el gobierno y el sistema judicial.

¿Qué sigue para los funcionarios implicados?

El juez Boasberg dejó abierta la posibilidad de que funcionarios específicos puedan ser procesados si se identifica quiénes ordenaron o permitieron las deportaciones ilegales. Aunque raramente se declara el desacato criminal en estos casos, si se llegara a emitir una condena, el presidente Trump podría conceder un indulto, como ya lo hizo en su primer mandato con el exsheriff Joe Arpaio.

El Servicio de Investigación del Congreso ha confirmado que el presidente tiene la autoridad para perdonar a funcionarios condenados por desacato, aunque esto podría provocar nuevas tensiones con el poder judicial y un posible precedente legal controvertido.

Organizaciones como Democracy Forward han advertido sobre las implicaciones de este caso en términos de derechos humanos y legales. “La decisión de hoy confirma lo que sabemos desde hace tiempo: la conducta del gobierno en este caso es ilegal y representa una amenaza para las personas y nuestra Constitución”, dijo Skye Perryman, presidenta del grupo, que representa a algunos de los migrantes afectados.

Según abogados en El Salvador, los migrantes deportados no han podido comunicarse con sus representantes legales, ni conocer su paradero o condiciones de detención, lo que agrava las denuncias de arbitrariedad y falta de debido proceso.

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Diana Rivero Aguilar