Jueza federal prohíbe que Patrulla Fronteriza arreste a migrantes sin orden judicial
Una decisión judicial marca un precedente clave en la protección de los derechos constitucionales de los migrantes en Estados Unidos
La jueza federal Jennifer L. Thurston, del Distrito Este de California, prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a personas sospechosas de vivir ilegalmente en Estados Unidos sin una orden judicial, salvo que existan motivos fundados para creer que podrían huir antes de que se obtenga dicha orden.
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La decisión se da como respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en nombre del sindicato United Farm Workers y otras personas afectadas por redadas migratorias. El caso está relacionado con la operación “Return to Sender” (Devolver al Remitente), ejecutada por la Patrulla Fronteriza en enero, que resultó en la detención de decenas de personas en la región.
La jueza Thurston fue enfática en que las autoridades migratorias no pueden detener a individuos sin sospechas razonables ni proceder con su deportación bajo la figura de “salida voluntaria” sin antes informarles de sus derechos y obtener su consentimiento.
“El tribunal ha determinado que los agentes de la Patrulla Fronteriza, actuando bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), violaron derechos constitucionales bien establecidos”, escribió Thurston en su fallo.
Además, ordenó que la Patrulla Fronteriza presente informes cada 60 días detallando quiénes han sido detenidos sin orden judicial y por qué motivos.
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ACLU denuncia prácticas inconstitucionales
Según la demanda, durante la operación Return to Sender, los agentes realizaron redadas indiscriminadas, enfocándose principalmente en personas que “parecían trabajadores agrícolas o jornaleros”, sin importar su estatus migratorio real. Los detenidos fueron trasladados a la frontera sin acceso a abogados ni familiares, y coaccionados a firmar documentos que les obligaban a renunciar a su derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.
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“La actuación de la Patrulla Fronteriza representa un abuso del poder estatal y una amenaza directa a los derechos humanos”, señaló un portavoz de la ACLU.
La organización sostiene que esta decisión judicial es una victoria para la comunidad migrante y una advertencia contra futuras acciones arbitrarias por parte de las autoridades.
El Gobierno se defiende, pero la jueza rechaza sus argumentos
Los abogados del Gobierno federal argumentaron que la jueza carecía de jurisdicción, ya que los temas migratorios deben ser revisados por jueces de inmigración tras una orden definitiva. También alegaron que el caso era irrelevante, debido a que la Patrulla Fronteriza ya había implementado nuevas directrices internas que aclaran cuándo se pueden efectuar detenciones sin orden judicial.
No obstante, Thurston rechazó estos argumentos. Indicó que el simple hecho de actualizar políticas tras ser demandados no invalida la causa legal. Además, advirtió que el nuevo lenguaje de las directrices “no es lo suficientemente robusto” para prevenir detenciones ilegales, y que podrían ser modificadas en cualquier momento.
Este fallo podría sentar un precedente importante en otros distritos judiciales del país, especialmente en zonas agrícolas donde los migrantes constituyen una parte fundamental de la fuerza laboral. Organizaciones defensoras de los derechos humanos ven la decisión como una herramienta clave para frenar los abusos y garantizar el debido proceso a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
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