Latina embarazada que dejó Cuba para vivir en EEUU teme que su hijo no obtenga la ciudadania
Bárbara, una inmigrante cubana, enfrenta la angustia de que su bebé pueda quedar apátrida si se avala orden ejecutiva de Trump que niega ciudadanía por nacimiento
Bárbara, una inmigrante cubana de 35 años con 30 semanas de embarazo y en condición de alto riesgo, vive en constante temor: que su bebé no sea reconocida como ciudadana estadounidense a pesar de nacer en territorio de Estados Unidos. “Me da mucho miedo que mi bebé nazca sin ciudadanía porque no sería ciudadana de este país”, expresó en entrevista con The Associated Press, solicitando anonimato en su apellido y sin mostrar su rostro.
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“Sería como si fuera apátrida. Es terrible”.
La incertidumbre de Bárbara se presenta tras una polémica orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, que busca negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus temporal. Aunque la medida está bloqueada por tribunales federales, la Corte Suprema escuchará argumentos esta semana que podrían restringir esas suspensiones a los 22 estados que han demandado formalmente, dejando a lugares como Kentucky —donde Bárbara reside— fuera de esa protección legal.
Una batalla legal que podría redefinir la ciudadanía en EEUU
La medida ejecutiva de Trump plantea una reinterpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, que desde 1868 garantiza la ciudadanía por nacimiento a toda persona nacida en suelo estadounidense, con pocas excepciones. Desde el caso Wong Kim Ark en 1898, la Corte Suprema ha reafirmado ese principio, excluyendo solo a hijos de diplomáticos extranjeros, enemigos en ocupación hostil y miembros de tribus soberanas (antes de 1924).
Trump argumenta que solo los hijos de ciudadanos o residentes legales permanentes deberían recibir ciudadanía automática, excluyendo a quienes se encuentran en el país sin documentos o bajo permisos temporales. “Convertirse en ciudadano es un don inestimable y profundo”, afirmó en la orden ejecutiva, que aún no entra en vigor a nivel nacional.
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Si la Corte Suprema falla a favor del Gobierno, niños nacidos el mismo día, en el mismo hospital, podrían tener estatus distintos dependiendo del estado donde nazcan o de si sus padres pertenecen a algún grupo legal que haya demandado. Un escenario que, según los expertos legales, generaría un mosaico caótico de normas migratorias.
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La historia de Bárbara: del exilio a la incertidumbre
Bárbara llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su esposo, su hija de cuatro años y sus padres, huyendo de persecución religiosa en Cuba. Antes de emigrar, ejercía como abogada en La Habana. Ahora, forma parte del grupo Asylum Seeker Advocacy Project, una de las organizaciones que presentó demandas para defender la ciudadanía por derecho de nacimiento. Su pertenencia al grupo podría ofrecerle protección legal temporal.
“Quiero que mi hija crezca con derechos, que pueda acceder a una educación, salud y seguridad sin miedo. Sin ciudadanía, estaría excluida de todo eso”, señaló Bárbara.
La Administración actual ha centrado su defensa ante la Corte no en el fondo de la orden de Trump, sino en cuestionar las medidas cautelares universales que han bloqueado otras iniciativas migratorias. El procurador general D. John Sauer argumentó que estas suspensiones han alcanzado niveles “de tsunami” y limitan la autoridad ejecutiva.
No obstante, críticos como el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin —cuyo estado lidera una de las demandas—, aseguran que este caso no debería ser el vehículo para redefinir el alcance de las medidas judiciales.
“La 14ª Enmienda se aplica de manera uniforme en todos los estados si has nacido aquí”, sentenció.
Mientras tanto, familias como la de Bárbara viven bajo una amenaza legal que podría cambiar su destino y el de miles de niños por nacer. Además de este caso, la Corte también evalúa el futuro de programas como el parole humanitario que beneficia a más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como la eliminación de protecciones temporales para otros 350,000 venezolanos.
“Estamos huyendo de un país que no nos ofrece seguridad. Reclamar la ciudadanía cubana no es una opción para nosotros”, concluyó Bárbara
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